Abinader promulga la ley que reforma el Código Procesal Penal
EXPRESO DIGITAL, SANTO DOMINGO. – El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, informó que el presidente de la República, Luis Abinader, promulgó este domingo 7 de diciembre de 2025 la Ley núm. 97-25, que reforma de manera integral el Código Procesal Penal. La medida da cumplimiento a la Sentencia TC 0765-24, que ordenó sustituir la Ley 10-15.
Peralta Romero explicó que la reforma apuesta por una normativa más acorde con los principios democráticos e incorpora criterios establecidos por el Tribunal Constitucional y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Resaltó que la nueva ley moderniza el texto vigente, fortaleciendo aspectos esenciales de los 28 principios del proceso penal y consolidando un modelo más ágil, garantista y coherente con el Estado social y democrático de derecho.
La normativa será publicada este lunes en la Gaceta Oficial y entrará en vigor el martes en el Distrito Nacional y el miércoles en el resto del país.
Entre los aspectos más relevantes, destacó la ampliación de los mecanismos modernos de resolución de conflictos, como justicia restaurativa, criterios de oportunidad, acuerdos, conciliaciones, procedimientos abreviados y suspensión condicional del procedimiento, esta última ahora disponible para casos con sanciones de hasta cinco años de prisión.
El consultor jurídico señaló que la reforma también fortalece el derecho de defensa desde etapas tempranas del proceso. Los derechos del investigado se activan desde los primeros actos –como citaciones o inmovilizaciones de fondos–, se amplía el plazo para presentar el escrito de defensa, se otorgan mayores facilidades para solicitar contraperitajes y se fijan por primera vez límites de dos años para los archivos provisionales.
En cuanto al régimen de medidas de coerción, se establecen reglas más claras para arrestos y órdenes de comparecencia, y se impone un mayor rigor al control judicial de la prisión preventiva. Se incorpora el criterio explícito de plazo razonable, fijando un máximo de cuatro años para casos ordinarios y cinco para complejos, con criterios definidos para su cómputo. Asimismo, se garantiza un recurso de apelación más efectivo al eliminar el “nuevo juicio”, permitiendo que las cortes puedan instruir conforme a las reglas del juicio y asegurando un doble grado de jurisdicción real.
Según Peralta Romero, el objetivo de la reforma es impulsar una justicia más rápida, eficiente y centrada en la solución del conflicto, en armonía con el nuevo Código Penal y con la clasificación actualizada de las infracciones.
El funcionario destacó que la reforma fue el resultado de extensas jornadas de trabajo con la participación del Ministerio Público, la Defensa Pública, el Poder Judicial, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, legisladores y representantes de diversos sectores de la comunidad jurídica, lo que permitió alcanzar consensos sustanciales.
Finalmente, señaló que esta transformación, junto a la Ley de Extinción de Dominio, la reforma al Código Penal y otras normativas recientes, consolida un sistema de justicia penal más humano, moderno y efectivo, acorde con estándares constitucionales y los desafíos del sistema judicial contemporáneo.
