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Jueza dejará en estado de fallo el caso Calamar tras escuchar réplicas de las partes

EXPRESO DIGITAL, SANTO DOMINGO.- La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, anunció que este viernes dejará en estado de fallo el proceso judicial del denominado caso Calamar, luego de escuchar las réplicas y contrarréplicas presentadas por las partes involucradas.

Durante la audiencia, los abogados de la defensa cuestionaron la validez del informe de auditoría elaborado por la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República Dominicana, fechado el 21 de septiembre de 2021, documento que sirvió de base para la investigación desarrollada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

Según los representantes legales de los imputados, dicho informe carece de validez y sostienen que el proceso judicial y las medidas impuestas durante más de cinco años se sustentan en un documento que califican como inexistente o irregular.

Los abogados argumentaron que el supuesto informe habría sido elaborado por personas que, a su juicio, no tenían competencia legal ni técnica para producirlo, y aseguraron que el órgano persecutor conocía cuestionamientos sobre ese documento desde principios de 2022.

Asimismo, explicaron que el informe fue impugnado desde abril de ese mismo año ante el Tribunal Superior Administrativo de la República Dominicana por el abogado Ángel Lockward, quien posteriormente fue incluido como imputado dentro del mismo expediente judicial.

Por su parte, la magistrada del Ministerio Público Mirna Ortiz se refirió al tema señalando que se había solicitado la nulidad del documento, aunque la defensa sostiene que lo planteado formalmente ante el tribunal ha sido la inconstitucionalidad y la exclusión probatoria por presuntas irregularidades en su elaboración.

Los abogados también indicaron que, según las posturas presentadas ante distintos tribunales por los auditores, la propia Contraloría, la Procuraduría General Administrativa y el PEPCA, el documento habría sido considerado internamente como un “documento de trámite”.

En ese sentido, cuestionaron que dicho informe haya sido utilizado para solicitar medidas de coerción, oposición a pagos y para sustentar la acusación formal dentro del proceso.

Durante la audiencia, la magistrada Ortiz mostró una diapositiva con las firmas de los tres presuntos autores del informe, señalando que el documento estaba debidamente firmado.

Sin embargo, los representantes legales de Ángel Lockward sostuvieron que el documento carece de la firma del contralor general de la República, la cual —según afirman— es la única que le otorgaría validez legal para fines de investigación.

Concluidas las exposiciones de las partes, la jueza Altagracia Ramírez informó que el expediente será dejado en estado de fallo, quedando pendiente la decisión que adoptará el tribunal sobre los planteamientos presentados durante el proceso.

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