PLD afirma que apertura al Código Penal valida su propuesta sobre libertad de expresión
EXPRESO DIGITAL, SANTO DOMINGO. – El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) aseguró este miércoles que la decisión de la Cámara de Diputados de abrir un proceso para evaluar modificaciones al nuevo Código Penal valida la posición que esa organización había fijado semanas atrás sobre la necesidad de revisar los artículos relacionados con la libertad de expresión y otros derechos fundamentales.
Durante una rueda de prensa, el vicepresidente del PLD, Yván Lorenzo, recordó que el pasado 22 de junio el partido advirtió que varias disposiciones de la nueva legislación debían ser modificadas para evitar que pudieran utilizarse como mecanismos para restringir la libertad de prensa, el derecho a la información y el ejercicio de la crítica ciudadana.
Lorenzo sostuvo que el Código Penal debe adecuarse a los principios establecidos en la Constitución y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, garantizando que ninguna disposición limite las libertades públicas.
En ese sentido, reiteró la propuesta del PLD de revisar los artículos 208 al 213 y las disposiciones relativas al denominado «ultraje a funcionarios», con el propósito de eliminar cualquier posibilidad de imponer penas privativas de libertad por expresiones protegidas por el derecho a la libre expresión.
Asimismo, recordó que la organización propuso que el Proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales sea ampliamente debatido en el Consejo Económico y Social (CES), con la participación de periodistas, juristas, académicos, medios de comunicación y representantes de la sociedad civil.
El dirigente peledeísta también insistió en la necesidad de revisar la Ley 1-26 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), especialmente en lo relativo a la protección de las fuentes periodísticas, el secreto profesional y las garantías de los derechos fundamentales.
Finalmente, el PLD reafirmó su respaldo a la libertad de expresión, la libertad de prensa y al derecho de la ciudadanía a fiscalizar a los funcionarios públicos, al considerar que constituyen pilares esenciales del sistema democrático.
