FP exige aplicar nuevo Código Penal a responsables de fraude aduanero en la frontera
EXPRESO DIGITAL, SANTO DOMINGO. – El partido Fuerza del Pueblo (FP) reclamó a las autoridades aplicar con todo el rigor de la ley a los responsables del presunto fraude aduanero relacionado con el tránsito de mercancías por la frontera dominico-haitiana y demandó una investigación exhaustiva que permita establecer responsabilidades en todos los niveles de las operaciones denunciadas.
La posición fue fijada por el exdiputado Orlando Espinosa, secretario de Asuntos de Aduanas y Puertos de la organización política, quien sostuvo que el nuevo Código Penal, junto con la Ley General de Aduanas 168-21, ofrece herramientas para perseguir con mayor firmeza los delitos económicos vinculados al desvío de mercancías declaradas bajo el régimen de tránsito internacional.
Espinosa advirtió que las investigaciones no deben concentrarse únicamente en quienes ejecutan directamente el traslado de las mercancías, sino que deben identificar a quienes organizan, facilitan y obtienen beneficios de estas operaciones.
“Si la autoridad competente ha iniciado algún tipo de investigación, no deben detenerse en el eslabón más débil”, advirtió.
El dirigente político explicó que, dependiendo de las infracciones que sean comprobadas, podrían configurarse delitos como contrabando, falsificación de manifiestos de carga, ruptura de precintos y soborno de funcionarios, con consecuencias que incluyen penas de prisión, multas y el decomiso de mercancías y bienes utilizados para cometer las infracciones.
Entre estos últimos mencionó camiones, cabezales, remolques e inmuebles destinados al almacenamiento de mercancías que hayan sido desviadas de su destino.
Asimismo, planteó que los recursos obtenidos mediante la comercialización ilícita de los productos podrían ser objeto de investigaciones por lavado de activos, en caso de que las autoridades determinen que existen elementos para ello.
Piden investigar a empresas y personas jurídicas
Espinosa llamó especialmente la atención sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas contemplada en el nuevo ordenamiento, por lo que consideró necesario investigar la posible participación de corporaciones, agencias aduanales, empresas de transporte y otros actores empresariales que pudieran haber facilitado o beneficiado las operaciones.
Explicó que, de comprobarse responsabilidades, las empresas involucradas podrían enfrentar sanciones que van desde la clausura de centros de acopio, almacenes y terminales logísticas hasta la inhabilitación para realizar actividades de comercio exterior o participar en licitaciones con el Estado, además de las demás consecuencias previstas en la legislación.
El exdiputado recordó que las denuncias surgidas en torno al régimen de tránsito internacional apuntan a que mercancías destinadas a continuar hacia otros países estarían siendo introducidas al mercado dominicano sin el pago de los impuestos y arbitrios correspondientes.
Advirtió que, de comprobarse estas prácticas, representarían un perjuicio para las recaudaciones del Estado y generarían una competencia desleal que afectaría a comerciantes, importadores, productores y empresarios que operan dentro del marco legal.
Ante esta situación, la Fuerza del Pueblo pidió a las autoridades profundizar las investigaciones para determinar la veracidad y magnitud de las operaciones denunciadas, identificar a todos los responsables y aplicar las consecuencias establecidas en la legislación.
La organización también planteó la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, trazabilidad y monitoreo en tiempo real de las mercancías en tránsito, con el propósito de impedir que este régimen sea utilizado como una vía para introducir productos irregularmente al mercado nacional.
