Desmantelan en San Cristóbal estructura dedicada a fabricar y distribuir bebidas alcohólicas adulteradas
EXPRESO DIGITAL, SAN CRISTÓBAL.– El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM) y en coordinación con la Mesa de Ilícitos, desmanteló una estructura dedicada a la fabricación, etiquetado, envasado y distribución de bebidas alcohólicas adulteradas.
Durante el operativo fueron decomisadas 25,496 mercancías ilícitas, con un valor estimado de RD$5,977,358.
La operación se ejecutó mediante una orden de allanamiento en una edificación de tres niveles ubicada en la calle Primera del distrito municipal Doña Aña, en Yaguate, San Cristóbal.
Las labores de inteligencia comenzaron en abril, luego de que las autoridades interceptaran un vehículo que transportaba 180 botellas de ron premium adulterado.
Entre los artículos incautados figuran 4,780 botellas de licor premium listas para su distribución, 75 galones de alcohol puro, 27 garrafones de cinco galones preparados para ser envasados, además de 1,363 botellas de 700 mililitros y tres galones de melaza.
También fueron decomisados 19,536 artículos ilícitos diversos, 1,542 botellas vacías, tapas, etiquetas falsas, precintos fiscales y herramientas utilizadas para la impresión de etiquetas, entre ellas marcos serigráficos y troqueles.
Las autoridades ocuparon además maquinaria industrial empleada para el mezclado y envasado de las bebidas.
El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, afirmó que las autoridades continuarán ejecutando acciones para evitar muertes relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas.
Sanz Lovatón destacó que el país lleva más de cuatro años sin registrar muertes por esta causa y aseguró que las autoridades trabajan para mantener esa condición.
Asimismo, señaló que este tipo de acciones contribuyó a que República Dominicana fuera excluida y se mantuviera fuera de la Lista de Vigilancia del Informe Especial 301 de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) en 2024.
El operativo contó con el acompañamiento de los fiscales Engers Reyna Manzueta, Wendy Martínez Garabito, Patricia Turbi y Aurelia Cuevas Román, de la Procuraduría Especializada para los Crímenes y Delitos Contra la Salud (PEDECSA), además de inspectores de Pro Consumidor.
Las autoridades advirtieron que este tipo de operaciones clandestinas violan la Ley General de Salud 42-01 y la Ley 17-19 sobre Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación.
Reafirmaron, además, su compromiso de continuar desmantelando estructuras dedicadas a estas actividades para proteger la salud de la población y combatir la evasión fiscal que afecta a la economía nacional.
