Defensor del Pueblo exige fortalecer respuesta estatal ante desapariciones involuntarias
EXPRESO DIGITAL, SANTO DOMINGO. – El Defensor del Pueblo advirtió este martes de la «necesidad de fortalecer» la respuesta del Estado, la coordinación interinstitucional, los mecanismos de protección y el acompañamiento a las familias de personas desaparecidas.
En el informe, «Diagnóstico Integral sobre Desapariciones No Voluntarias en República Dominicana», presentado en el día de hoy, la institución identifica dificultades para denunciar y dar seguimiento a los casos, impactos económicos, sociales y emocionales que pueden prolongarse durante años, insuficiencias en el acompañamiento a las familias y desafíos en la coordinación entre las instituciones.
El diagnóstico fue elaborado mediante una metodología que combinó revisión documental, análisis comparado de legislación, entrevistas, grupos focales y una encuesta aplicada a 74 familiares de personas desaparecidas, detalló la institución en un comunicado de prensa.
En la presentación, realizada en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, destacó que la carga de la búsqueda recae con especial intensidad sobre las mujeres, principalmente madres, esposas, hermanas e hijas, quienes mantienen activa la búsqueda, movilizan a sus comunidades, recurren a los medios de comunicación y dan seguimiento a las autoridades.
«Detrás de cada registro existe una vida; detrás de cada expediente, una familia; y detrás de cada demora institucional, una angustia que se prolonga», expresó.
Necesidad de respuesta integral
Para Ulloa las desapariciones no voluntarias no pueden abordarse «exclusivamente» como un asunto policial, debido a que involucran ámbitos como derechos fundamentales, salud mental, protección social, investigación criminal, gestión forense, acceso a la información, justicia y responsabilidad pública.
Por el contrario, señaló que la protección efectiva de los derechos exige desarrollar capacidades, coordinar instituciones y ofrecer respuestas «oportunas, sostenidas y verificables».
Asimismo, reconoció como un «avance» la promulgación de la Ley número 25-26, que crea la Alerta Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, denominada «Alertas RD».
Mediante esta legislación se dota al país de un marco para activar la búsqueda, coordinar la respuesta institucional y movilizar la colaboración de los medios de comunicación y de la sociedad, aseguró.
A pesar de ello, advirtió: «Una alerta es el inicio de la búsqueda, no su conclusión».
Según Ulloa, una política integral sobre desapariciones debe contemplar responsabilidades «claramente definidas», protocolos comunes, intercambio oportuno de información, capacidades tecnológicas y forenses, acompañamiento psicosocial y canales permanentes de comunicación con las familias.
También enfatizó que la disminución de la atención pública sobre un caso nunca debe traducirse en la interrupción de la búsqueda.
Por otro lado, aseguró que las familias no deben asumir solas la investigación de las personas desaparecidas.
Las familias tienen derecho a participar, ser escuchadas y aportar información durante los procesos de búsqueda, pero esa participación no puede convertirse en una transferencia de las responsabilidades que corresponden al Estado, indicó.
«Un Estado que funciona no abandona a las personas cuando las cámaras se retiran o cuando el paso del tiempo reduce el interés público. Mantiene activa la búsqueda, coordina sus capacidades, informa con honestidad, rinde cuentas y coloca la dignidad humana en el centro de cada actuación», manifestó Ulloa.
