Defensa de Adán Cáceres señala “debilidades insalvables” en acusación del Ministerio Público
EXPRESO DIGITAL, SANTO DOMINGO. – La barra de abogados del mayor general Adán Cáceres Silvestre afirmó que la acusación presentada por el Ministerio Público presenta “debilidades insalvables”, al señalar inconsistencias, omisiones y contradicciones en las pruebas aportadas en el proceso judicial.
Mediante un comunicado, los juristas indicaron que las irregularidades abarcan desde fallas en auditorías oficiales hasta incongruencias entre los propios elementos probatorios del órgano acusador.
Entre los principales cuestionamientos, destacaron inconsistencias en la auditoría del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), específicamente en relación con supuestos “empleados fantasma”. Según explicaron, una supervisora de la Cámara de Cuentas admitió que dichas personas no figuraban en registros oficiales, sino en listados suministrados por el Ministerio Público, cuyos integrantes declararon no haber recibido pagos.
Asimismo, la defensa aseguró que en las auditorías realizadas al imputado no se tomaron en cuenta múltiples fuentes de ingresos, incluyendo salarios, viáticos, intereses y otros beneficios acumulados durante su gestión, lo que, según sostienen, afecta la objetividad de las conclusiones.
Los abogados también señalaron que peritajes financieros establecen ingresos que superan los RD$64 millones, y que gran parte de estos provienen de fuentes verificables como nóminas y certificados financieros.
Cuestionamientos a bienes y auditorías
En relación con el patrimonio del imputado, la defensa indicó que el Ministerio Público habría tasado propiedades a valor de mercado actual, en lugar de considerar el costo al momento de adquisición.
De igual forma, rechazaron las acusaciones de ocultamiento de bienes, afirmando que propiedades como la vivienda familiar y otras edificaciones fueron incluidas en declaraciones juradas que forman parte del expediente.
También cuestionaron el manejo de evidencias sobre inventarios del CUSEP, alegando que se omitieron registros logísticos que evidencian controles y supervisión en el manejo de recursos.
Sobre la presunta participación de Cáceres en empresas y propiedades, indicaron que existen certificaciones oficiales que, según la defensa, contradicen las imputaciones del Ministerio Público.
En cuanto a fondos de inteligencia, sostuvieron que existen documentos oficiales que establecen restricciones legales para divulgar esa información, lo que, a su juicio, invalida parte de la acusación.
“Estas inconsistencias demuestran que la acusación carece de coherencia interna y está sustentada en omisiones, errores y contradicciones que deben ser valoradas por el tribunal”, concluyeron los abogados.
El proceso judicial contra Cáceres Silvestre continúa en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
