Demandan a Obras Públicas por presunto desacato a sentencias del TSA
EXPRESO DIGITAL, SANTO DOMINGO. – El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y su titular, Eduardo Estrella, fueron demandados ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) por presunto desacato, luego de que, según los accionantes, no se ejecutaran sentencias definitivas que ordenan el pago de derechos adquiridos e incentivos laborales a favor de dos servidores públicos de carrera.
La información fue ofrecida por Oliver Batia, director del Centro Jurídico Batia Ramos y representante legal de los demandantes, quien aseguró que el Ministerio fue debidamente notificado de dos decisiones emitidas por el Tribunal Superior Administrativo que ordenan pagos por concepto de incentivos de rendimiento individual, incentivos colectivos SISMAP, bonos de carrera administrativa y vacaciones acumuladas.
“Hemos intentado por todos los medios que el MOPC responda a lo que han establecido estas sentencias, pero la intolerancia del ministro de Obras Públicas y su equipo nos obliga a acudir nuevamente a los tribunales para reivindicar los derechos de estas personas”, sostuvo Batia.
El abogado explicó que las sentencias adquirieron carácter definitivo luego de que la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia certificara la inexistencia de recursos de casación pendientes y tras agotarse las vías ordinarias de impugnación.
De acuerdo con la documentación presentada, las decisiones judiciales, junto con las certificaciones correspondientes y los mandamientos de pago, fueron notificadas mediante actos de alguacil al ministro Eduardo Estrella, dando inicio formal a la fase de ejecución.
En uno de los casos, el TSA ordenó al Ministerio de Obras Públicas el pago de RD$731,380.39 a favor de Aracelis del Carmen Castillo Rodríguez. La decisión también estableció una multa coercitiva de RD$5,000 diarios por cada día de retraso en el cumplimiento del fallo una vez vencido el plazo legal correspondiente.
Según la parte demandante, esa penalidad comenzó a correr el 1 de diciembre de 2025, por lo que al 23 de junio de 2026 el monto acumulado ascendería a RD$1,025,000.
En una segunda sentencia, el tribunal ordenó al Ministerio revisar un reajuste salarial reclamado por Joanne Carlos de la Altagracia Molina Romero y pagar RD$346,362.19 por conceptos similares relacionados con incentivos y beneficios laborales.
Con ambas decisiones, el monto total ordenado a pagar por el Tribunal Superior Administrativo asciende a RD$1,077,742.58, sin incluir las multas derivadas de un eventual incumplimiento.
Asimismo, se informó que el TSA fijó para el próximo 28 de julio de 2026 una audiencia para conocer una nueva demanda en responsabilidad patrimonial presentada por Aracelis del Carmen Castillo Rodríguez contra el Ministerio de Obras Públicas y su actual titular.
La acción judicial sostiene que la alegada falta de ejecución de las sentencias ha generado perjuicios económicos a los demandantes y solicita que se determine la responsabilidad patrimonial del Estado por el supuesto incumplimiento de decisiones con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada.
