Finjus pide aplazar la entrada en vigencia del nuevo Código Penal para corregir deficiencias
EXPRESO DIGITAL, SANTO DOMINGO.– La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) solicitó este domingo al Poder Ejecutivo someter con carácter de urgencia al Congreso Nacional un proyecto de ley para ampliar el período de vacatio legis del nuevo Código Penal, al considerar que su entrada en vigor en las próximas semanas podría generar serios inconvenientes en el sistema de justicia.
La entidad planteó que el presidente Luis Abinader impulse una modificación del artículo 393 de la Ley 74-25, con el objetivo de aplazar la aplicación del nuevo Código y abrir un espacio para revisar y corregir las inconsistencias que, a su juicio, aún presenta el texto aprobado.
En un documento firmado por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, Finjus sostiene que la legislación contiene «ambigüedades, duplicidades e incoherencias» que podrían afectar la correcta aplicación de la justicia penal y generar conflictos interpretativos.
La organización explicó que la extensión del período de vacatio legis permitiría a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional y los distintos actores del sistema de justicia revisar las disposiciones cuestionadas y consensuar las modificaciones necesarias antes de su entrada en vigencia.
La solicitud surge en medio del debate generado por diversos penalistas, jueces, académicos y organizaciones especializadas, quienes han advertido sobre errores de técnica legislativa, contradicciones entre artículos, vacíos normativos y posibles conflictos con la Constitución y el Código Procesal Penal.
Entre las principales observaciones figuran la existencia de tipos penales que sancionan una misma conducta con penas diferentes, definiciones consideradas imprecisas y disposiciones cuya aplicación podría generar inseguridad jurídica.
Finjus aclaró que su planteamiento no busca impedir la reforma del Código Penal, sino garantizar que entre en vigor con la solidez técnica necesaria para ofrecer seguridad jurídica y evitar futuras controversias.
La entidad también manifestó preocupación por el tratamiento que el nuevo Código otorga a los delitos de difamación e injuria, al considerar que algunas disposiciones podrían afectar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, especialmente en asuntos de interés público.
A juicio de Finjus, un aplazamiento permitiría revisar tanto las deficiencias técnicas como aquellos aspectos de alto impacto democrático, fortaleciendo la legitimidad de una reforma llamada a modernizar el derecho penal dominicano.
