La Pepca afirma que “de ninguna manera” quedará extinguido el proceso contra Jean Alain

EXPRESO DIGITAL, SANTO DOMINGO. – La directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, afirmó este miércoles que «de ninguna manera» se declarará extinguido el proceso seguido por supuesta corrupción contra el ex procurador general de la República Jean Alain Rodríguez, como ha solicitado el exfuncionario y sus abogados.

“Lo único que a ellos les queda es jugar al tiempo para ver si por la divinidad o por arte de magia sucediera algo”, manifestó la magistrada a los medios, luego de que el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazara para el lunes la continuación del juicio.

“Vamos de una vez y por todas a enfrentarnos a las pruebas y a tener la decisión que este caso amerita, que definitivamente tendrán sentencias condenatorias”, insistió, al manifestar su confianza de que obtendrán condenas contra los procesados.

Ortiz, por otra parte, calificó de legítimo la preocupación expresa por Participación Ciudadana (PC) frente al retraso que tienen en los tribunales los grandes casos de corrupción administrativa y consideró que los tribunales tienen que usar las herramientas del Código Procesal Penal y avanzar, porque toda la sociedad necesita una solución de los procesos.

“Desde nuestra perspectiva, lo que Participación Ciudadana tiene es un cuestionamiento legítimo al retraso que ha tenido este tribunal en sede judicial”, dijo la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), al responder preguntas de la prensa durante un receso de la audiencia del caso que se conoce en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

“No es un secreto para nadie que ya este tribunal tiene bastante tiempo, que llevamos meses tratando de iniciar el conocimiento de la audiencia y apenas vamos por la fase de incidentes, porque los imputados se han empeñado en retardar el proceso de manera continua”, dijo.

Detalló que las defensas continúan presentando incidentes que a todas luces son inadmisibles porque fueron presentados y fallados en la audiencia preliminar.

Dijo que fueron rechazados por el juez de la audiencia preliminar y que el Código Procesal Penal prohíbe ese tipo de acciones. “Porque no tendría sentido, entonces, tener una audiencia preliminar que decida sobre ciertos temas, si vamos a volver a debatirlos nueva vez en la sala de audiencias”, señaló.

Ortiz explicó que existe una razonabilidad en los términos de plazos, al expresar “todos queremos una solución definitiva de este proceso”.

Sobre los incidentes en el tribunal, expresó: “no podríamos decir que sería una falta. A mi juicio el tribunal ha pecado de garantista en extremo. Eso es lo que podríamos decir. Estos incidentes pudieron perfectamente haberse resuelto en el despacho de la jueza presidenta y no tener que alargar tantas audiencias por tanto tiempo o haber limitado el tiempo de los abogados en exposición y en el uso de la palabra”.

Dijo que aún quedan varias defensas por exponer y que día tras día siguen con las mismas dilaciones.

Al exprocurador Rodríguez Sánchez se le atribuye dirigir un entramado de corrupción cuando estuvo al frente de la Procuraduría General de la República en el período 2016-2020.

El expediente establece que Rodríguez Sánchez supuestamente malversó más de 6,000 millones de pesos mediante procesos fraudulentos en ese período.

Además de Rodríguez Sánchez figuran en el expediente Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias.

También, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.

Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos. El grupo fue sometido a la justicia en julio del año 2021.