MP activa la Operación Cobra 2.0-A y arresta a 28 personas por presunto fraude al Senasa
EXPRESO DIGITAL, SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público puso en marcha la Operación Cobra 2.0-A, una nueva fase de investigación dirigida contra una presunta estructura de corrupción integrada por exempleados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), médicos y otras personas, acusadas de defraudar a la ARS pública con miles de millones de pesos.
El procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, informó que como parte del operativo se realizaron 37 allanamientos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, que dejaron al menos 28 personas arrestadas.
Camacho explicó que la investigación busca procesar a los integrantes del entramado que habría sustraído fondos públicos, afectando tanto al Estado dominicano como a los afiliados de SeNaSa.
En el operativo participan 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional y 16 miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales. También colaboró la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), bajo la dirección del Ministerio Público.
Las autoridades informaron que durante las intervenciones ocuparon bienes, dinero en efectivo, vehículos y armas de fuego.
Dan continuidad a la Operación Cobra
La nueva fase da seguimiento a la Operación Cobra, mediante la cual el Ministerio Público desmanteló una presunta estructura de corrupción administrativa que habría utilizado a SeNaSa para sustraer recursos públicos.
En esa primera etapa fueron arrestados el exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, señalado por el órgano acusador como cabecilla del entramado, y otros imputados.
Entre ellos figuran Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.
El pasado 5 de agosto, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva de 18 meses impuesta a Hazim Albainy y a otros procesados. Ada Ledesma Ubiera cumple arresto domiciliario, luego de que se le variara la medida por razones de salud.
El proceso también involucra a Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, quienes recibieron medidas de coerción que incluyen arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.
Asimismo, Ángel Luis Guzmán Vásquez permanece bajo prisión preventiva, medida ratificada el pasado 30 de julio.
A los imputados se les atribuyen, entre otros delitos, coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación y lavado de activos.
Según el Ministerio Público, la investigación ha permitido reunir evidencias de presuntos sobornos, alteración de estados financieros y utilización de programas especiales sin sustento jurídico para distraer fondos.
Investigación también alcanza al sector oncológico
Como parte de las líneas de investigación relacionadas con el caso, el Ministerio Público puso en marcha en junio la Operación Onco14, que derivó en el arresto de tres personas por su presunta vinculación con maniobras fraudulentas contra el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), pacientes y SeNaSa.
Por ese caso fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del consejo del Patronato; su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, y su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien ocupó funciones directivas y de auditoría en la entidad.
El caso fue declarado complejo en Santiago. Lora Cruceta y Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras que Vargas Sánchez permanece bajo arresto domiciliario.
De acuerdo con la investigación, los imputados y varias entidades vinculadas habrían utilizado mecanismos como doble facturación a SeNaSa, uso de sellos médicos falsos, entrega incompleta de medicamentos y cobros por servicios no suministrados.
El órgano acusador también investiga presuntas irregularidades relacionadas con medicamentos donados, gastos de representación, reembolsos, cirugías estéticas en instalaciones del oncológico, sabotaje digital y lavado de activos.
El Ministerio Público sostiene que las maniobras investigadas habrían permitido desviar recursos del patronato y de SeNaSa. Los señalados mantienen su condición de imputados y corresponde a los tribunales determinar su responsabilidad penal.
