Procuraduría solicita a Migración que levante impedimentos de salida no sustentados
EXPRESO DIGITAL, SANTO DOMINGO. – La Procuraduría General de la República (PGR) requirió este martes a la Dirección General de Migración (DGM) que proceda solo a mantener activos los impedimentos de salida del país y las alertas migratorias que cuenten con sustento judicial.
En ese sentido, procedió a solicitar el levantamiento de cualquier alerta e impedimento de salida que incumpla con esa condición legal, una medida que busca fortalecer el mantenimiento de las garantías de los derechos fundamentales de todas las personas, dijo la PGR en un comunicado.
Esta actualización del sistema migratorio se produce como resultado de más de seis meses de trabajo intensivo de una mesa técnica conjunta del Ministerio Público y Migración, la cual ha procedido a analizar la data desde 1990 para auditar a fondo tres décadas de datos acumulados sin una actualización de oficio, precisó la Procuraduría.
El análisis permitió verificar que, a través de los años, miles de personas acumularon registros que carecían de sustento judicial y limitaba su derecho al libre tránsito, ya sea por procesos judiciales cumplidos «hace tiempo2 o por «errores administrativos» sin órdenes judiciales de una autoridad competente.
Con ese propósito, la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, pidió oficialmente al director de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, que, sin importar quién lo haya colocado, se priorice el levantamiento de los registros individualizados que carecían de base legal, los históricos no individualizados (acumulados entre 1990 y 2026) y los individualizados, pero ya cumplidos sus fines.
En el último informe sobre ese proceso, la Dirección General de Migración explicó que ha liberado de estas trabas a 56,140 ciudadanos que recuperaron su derecho a viajar al exterior sin ningún contratiempo.
La Procuraduría General afirmó que su decisión constituye un «triunfo para los derechos fundamentales y de una «victoria» para la Constitución.
Indicó que después de más de seis meses de rigurosa labor de auditoría, depuración y análisis técnico, se pudo corregir una distorsión histórica que se acumuló con los años, como evidenció la cifra crítica de registros y alertas que debieron ser evaluados para determinar si incurrían en una afectación de un derecho fundamental de la ciudadanía.
